Un grupo empresarial que consta de varias empresas, se encuentra en una situación en que no todas pero gran parte de ellas se hallan en una situación de insolvencia inminente. Como bien sabemos el derecho español no castiga la existencia de grupos de sociedades, sino que es una opción más dentro de la libertad empresarial para ejercer la actividad comercial. Sin embargo la existencia de una situación de insolvencia en los grupos de sociedades es jurídicamente un fenómeno complejo, ya que en múltiples ocasiones unas sociedades avalan los créditos de otras y cuando se produce la insolvencia de una de ellas el efecto puede arrastrar a todo el grupo. Asimismo no es menos cierto que numerosos acreedores o administradores concursales pretenden lograr la declaración de la sociedad matriz como administrador de hecho de las filiales para lograr que esta responda de las deudas de las otras sociedades de una forma cuasi automática que no ampara el derecho. Tras evaluar diferentes opciones, se presenta concurso de acreedores de varias sociedades del grupo de forma conjunta.
Artículo 25.1 ley 22/2003 Podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso aquellos deudores que sean cónyuges o que sean administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica, así como cuando formen parte del mismo grupo de sociedades.
A medida que la situación financiera, la evolución de las ventas y la situación contable se aclara, se ve que una parte importante del grupo puede ser viable económicamente. Sin embargo, el pasivo de algunas sociedades es demasiado elevado, de esta forma se propone la compraventa de la unidad productiva de la empresa que es viable en cuanto esto sea posible. Esta necesidad de celeridad en el proceso viene dictado porque mientras los “stakeholder” observen la situación de inestabilidad de la empresa, esta va disminuyendo el prestigio y la posición ganada en el mercado tras años de trabajo en el sector. Finalmente dentro de este concurso, se procede a la venta de unidad productiva y aseguramiento del pago de la mayoría de los créditos, así liberamos también de posibles responsabilidades al Órgano de Administración. A día de hoy, algunas de las empresas siguen trabajando en el sector y están garantizado gran parte de los puestos de trabajo.